Los brutales ataques del ejército de ocupación han obligado a desplazarse a 1,9 millones de palestinos. Más del 70% de las viviendas y edificios de la Franja de Gaza ya han sido destruidos, incluida la mayoría de las instalaciones vitales en los sectores de la electricidad, el agua, el saneamiento y las carreteras. Tanto en los refugios como en los lugares de desplazamiento, la gente se hacina 10 veces por encima de la capacidad de cualquiera de estos lugares, convirtiéndolos de hecho en un entorno de hambre extrema, brotes de enfermedades e inseguridad psicológica y social.

Además del asedio, que ha impedido la entrada de suministros, la destrucción sistemática de las instituciones locales deja a los desplazados sin ningún tipo de servicios, atención o protección, sobre todo teniendo en cuenta la ausencia de instituciones internacionales y el alineamiento de algunas de ellas con la potencia ocupante. La presencia de instituciones locales palestinas representa una garantía real para estos desplazados y sus derechos, su capacidad para expresar y satisfacer sus necesidades reales, y la capacidad de la comunidad para levantarse y reorganizarse, y evitar el debilitamiento de las estructuras y redes sociales que contribuyen a satisfacer las necesidades de los segmentos marginados y promueven las iniciativas propias para satisfacer estas necesidades. En este contexto, la transformación de decenas de miles de profesores, enfermeros, titulares de puestos de trabajo y trabajadores cualificados en voluntarios que promueven colectivamente su comunidad en lugar de ser meros receptores de ayuda es la garantía de transformar esta ayuda en un contexto sostenible de avance de la sociedad palestina y de restablecimiento de la vida.